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Día 10: Comienzo de la segunda ronda de presentaciones por parte de Japón

Japón comenzó a la presentación de su segunda rueda de argumentos orales realizando un resumen del caso, estableciendo lo que considera son los puntos de acuerdo y desacuerdo entre las Partes y las preguntas más importantes relativas a la ley y a los hechos.

Evaluó el contexto dentro del cual la Corte debería considerar y decidir en este caso. A este respecto, el Sr. Akhavan focalizó su presentación en lo siguiente:

  • puntos de acuerdo y desacuerdo entre Australia y Japón en lo concerniente a la ley y los hechos;
  • Australia no logró probar sus alegatos contra Japón ante la Corte;
  • estrategia adecuada a la hora de evaluar si Japón consideró que JARPA II es un programa con fines de investigación científica según el significado que le otorga la ICRW a la hora de emitir permisos especiales bajo el Artículo VIII; y
  • observaciones relativas a las acusaciones de Australia de mala fe por parte de Japón.

Es de destacar que el Sr. Akhavan consideró que existe un desacuerdo fundamental entre las Partes en relación al propósito de la Convención: Australia no acepta que la cacería comercial sustentable es uno de los propósitos de la Convención mientras que Japón considera que el “objeto y propósito de la Convención” es la conservación y desarrollo de los stocks de ballenas así como también la utilización óptima de estos recursos y, por tanto, sostiene que la “cacería sustentable de ballenas basada en datos científicos es claramente uno de los objetivos, sino el objetivo esencial, de la Convención de 1946”.

Con respecto a la venta de carne de ballenas, el representante de Japón expresó que Australia admite que el Artículo VIII requiere que las partes procesen la carne de ballenas y que la venta incidental de esa carne no otorga al programa carácter comercial. Por lo tanto, deduce Akhavan, si JARPA II es un programa de investigación científica la venta de carne de ballena es legal y no puede ser considerada como comercial a menos que haya prueba concluyente de mala fe.

“En el mejor caso, Australia puede decir que hay algún desacuerdo científico en aspectos de JARPA II. Japón está de acuerdo con Australia en que hay algún desacuerdo científico. El Artículo VIII, sin embargo, no requiere consenso científico. Meramente requiere ‘propósito científico’ y, en este sentido, no puede haber ninguna duda”.

“Australia ha intentado equiparar crítica científica con falta de mérito científico”. “Pero la pregunta para la Corte no es si Japón puede mejorar su investigación científica. Más bien, la pregunta es (…) si no tiene ningún mérito científico; la pregunta es si es cacería comercial de ballenas disfrazada”.

Para Japón, “Los registros del Comité Científico relativos a JARPA II no hacen otra cosa que establecer debate científico y desacuerdo científico. Es debate y desacuerdo. Pero es científico. (…). Los reportes del Comité Científico son simplemente fatales para el caso de Australia”.

Más adelante, el Sr. Pellet sostuvo que la Corte no es competente debido a que la naturaleza tan técnica del tema que Australia ha puesto a consideración hace que no se preste a una solución por este Tribunal. Con respecto al objeto de la ICRW consideró que los redactores de la Convención previeron un mecanismo que permita adaptarla a la evolución de las áreas cubiertas por los anexos de la Convención, pero que estas modificaciones están limitadas a los temas enumerados en el Artículo V y deben respetar las condiciones establecidas en su párrafo 2:

  • la Comisión está obligada a basarse en datos científicos;
  • se deben tener en cuenta los intereses de los consumidores de productos de ballenas y los de la industria ballenera;
  • las modificaciones de los anexos deben estar inspiradas en la necesidad de atender los objetivos de la Convención y de asegurar la conservación, el desarrollo y la utilización óptima de los recursos balleneros.

Japón sostiene estar de acuerdo con la conservación, pero mantiene que la ICRW no es un tratado puramente para preservar las ballenas en sí mismas, sino de conservación de los stocks de ballenas. Según este país, se trata de proteger todas las especies de ballenas contra “la explotación excesiva”; se trata de la conservación y manejo de los stocks de las diferentes especies de ballenas a fin de permitir el desarrollo “metódico de la industria ballenera”.

Por su parte, la Sra. Takashiba expresó que Japón ha cumplido con los requerimientos procedimentales relativos a la emisión de permisos especiales (lo que considera como la única provisión del Schedule vinculante, afirmando que las resoluciones de la CBI son recomendaciones). Asimismo negó la acusación de falta de cooperación por parte de Japón, expresando que la cooperación en el manejo de las ballenas se logra con diálogo científico y que cooperación no significa aceptación unilateral de los intereses de otras partes como se refleja en Resoluciones adoptadas por una leve mayoría y que, en todo caso, no son vinculantes.

Por la tarde, Boyle y Hamamoto abordaron las presentaciones relativas a las razones que hacen a JARPA II un programa de investigación científica, indicando que Japón no tiene que demostrar que su ‘ciencia’ es perfecta o que carece de críticas sino que corresponde a Australia demostrar que ‘no es investigación científica’. Sostuvieron que las críticas a JARPA II están motivadas por cuestiones políticas, pero que este tipo de objeciones no hacen que una investigación sea menos científica, y que los científicos no siempre están de acuerdo en si cierta investigación es necesaria. De todas formas, según los representantes de Japón, este país ha mostrado que JARPA II satisface necesidades críticas de investigación requeridas para el manejo de los stocks de ballenas y que analiza necesidades de investigación identificadas por el Comité Científico de la CBI.

Al final del día Lowe realizó su presentación sosteniendo que Australia no ha logrado mostrar que no es razonable considerar JARPA II como un programa de investigación y tampoco ha mostrado que Japón tenga motivos ulteriores al motivo declarado de obtener datos necesarios para proporcionar la base científica que permita considerar el reinicio de la cacería comercial de ballenas.